El pasado miércoles, el sistema judicial de Córdoba dictó una sentencia en contra del impostor que había estado ejerciendo como médico durante la pandemia, declarándolo culpable de una serie de delitos que abarcan la falsificación de título, la práctica ilegal de la medicina y el fraude agravado.
Se trata de Ignacio Martín, de 22 años, quien ejerció ilegalmente la profesión en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cuando tenía 19 años y sin ningún título habilitante.
En este contexto, el joven estaba imputado por los delitos de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa. Por estos cargos, la fiscal de Cámara María del Rosario Fernández López, junto con el fiscal Pablo Jávaga habían solicitado 9 años de prisión para el joven.
Sin embargo, el tribunal resolvió absolver al falso médico por la figura de homicidio, pero sí lo encontró culpable de los demás delitos, por lo que fue condenado a siete años de prisión. En paralelo, toda la investigación fue enviada a la Fiscalía de Cuarto Turno de Río Cuarto para intentar descubrir si hubo más responsables de los hechos sucedidos, de acuerdo con la información del medio local Cb24.
Ignacio Martín fue detenido en febrero de 2021
Frente a esto, el abogado querellante expresó en un diálogo con la prensa que “la pena en general es alta por el resto de los delitos, pero no contempla el pedido realizado, ni el de la Fiscalía”. El abogado defensor, por su parte, celebró que no haya sido contemplado el cargo de homicidio, pero consideró a la condena como “excesiva”.
De esta manera, mientras los fiscales y el abogado querellante adelantaron que pedirán al Tribunal Superior de Justicia que se agrave la condena por la muerte de uno de los pacientes, el letrado a cargo de la defensa planea apelar, según supo ElDoce.
Martín llegó a Río Cuarto en agosto de 2020 como jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT), una unidad de lo que era el COE. Había sido contratado en el marco de la convocatoria de profesionales de la salud para integrar los equipos de trabajo contra el coronavirus.
Hasta diciembre de ese mismo año, el joven atendió pacientes, hizo guardias para el municipio, prescribió medicamentos, integró equipos de capacitaciones y firmó certificados de buena salud para el otorgamiento de registro de conducir.
Su mentira terminó cuando el Ministerio de Salud provincial había iniciado los trámites para la firma de un contrato. Así, se dieron cuenta que la documentación que había presentado era falsa.
Así, comenzaron a conocerse acusaciones de personas que fueron atendidas por él. Una de las más graves es que lo responsabilizaron por la muerte de Nicolás Alejandro Bertol, de 29 años, quien había sido contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y tenía una cardiopatía congénita. En este contexto, Martín fue a la casa de Bertol en noviembre de 2020 y le solicitó al hermano de la víctima que le realice maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El joven murió antes de que llegue la ambulancia.
Martín fue detenido en febrero de 2021 en la ciudad de Córdoba. En ese momento, fueron secuestrados un maletín médico, un bolso del COE, chaquetillas y una cantidad inusual de medicamento, muchos de los cuales no eran de venta libre.
Así, llegó a juicio dos años después. Durante el proceso judicial, Martin reconoció que no era médico y no negó los hechos que se le imputaban. Además, responsabilizó a las autoridades del COE por haberlo dejado ejercer sin ser médico. “Me sigo declarando inocente y quiero volver a reiterar el pedido de disculpas”, dijo antes de conocer la condena.
