El término “femicidio” fue introducido en 1976 por las feministas Diana Russel y Jane Caputi durante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Utilizaron este concepto para denunciar las formas extremas de violencia contra las mujeres, definiéndolo como el “asesinato de mujeres cometido por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad”.
Hasta el año 1992, la noción era utilizada por el periodismo y la sociedad en forma coloquial para referirse a la muerte de mujeres. Fue en 2008 con la presentación del libro “Femicide: The Politics of Women Killing” que la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo el Comité de Expertas declaró a la figura “femicidio” en América Latina y el Caribe, como “la manifestación más grande de discriminación y violencia contra las mujeres que sea perpetuado o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
En Argentina, el 14 de noviembre de 2012 se sancionó la ley 26.791 que modificó el artículo 80 del Código Penal. Fue la primera aparición del término “Femicidio” en el sistema legal argentino para quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” por “placer, codicia, odio racial, religioso, de género, orientación sexual, o su expresión”.
Si bien en 2012 se creó en el país una figura jurídica que contempló el crimen, todo cambió con el femicidio de Chiara Páez en 2015. Chiara era una joven de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada a golpes por su novio tras negarse a abortar. Para dar con su paradero se realizaron rastrillajes endiversos puntos de la ciudad de Rufina, en la provincia de Santa Fe.
Finalmente, la encontraron muerta y enterrada en el patio de la casa de su novio, Manuel Mansilla, en un pozo de un metro de diámetro y de 88 centímetros de profundidad. Las pericias confirmaron que había sido forzada a ingerir Oxaprost, una droga utilizada para abortar.
El femicidio de Chiara fue el detonante para la organización de la primera marcha quese realizó el 3 de junio de ese mismo año bajo la consigna “Ni una Menos”, a días del asesinato de la niña.
La marcha nació contra la ineficiencia estatal para resolver esta problemática de género, que tiene su punto más alto en el femicidio. La primera movilización convocó a mujeres a salir a la calle como “sujetas políticas con la responsabilidad por las que ya no están”, para transformar “el duelo en potencia” y que el Estado brinde una respuesta a su falta de acción.
Gracias al movimiento, en 2015 se creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que es un sistema de medición de femicidios. Es decir que, si bien existe un marco legal que regula y condena este tipo de violencia, no hay acción estatal
que implemente lo que está escrito.
Estado ineficiente, movimiento presente
Ni una menos surgió de la insuficiencia de las políticas públicas impulsadas por los distintos gobiernos para frenar las problemáticas que incluyen desde la inequidad salarial, la violencia psicológica, hasta la forma de violencia más extrema: el femicidio.
Si bien, en el gobierno de Alberto Fernández se dispuso la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como respuesta al “compromiso” respecto a los derechos de las mujeres, aún no hay acción estatal significativa.
Entre el 3 de junio del 2015 y el 30 de mayo del 2024 se registraron 2544 femicidios, de los cuales 2287 fueron directos contra mujeres (cis y lesbianas); 256 fueron vinculados de mujeres y varones. En estos nueve años hubo 1 femicidio cada 31 horas.
En este mismo periodo de tiempo se constató que el 63% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda de la víctima, la cual en muchos casos comparte con su agresor. En menor medida, el 24% de los hechos ocurrieron en la vía pública y el 4% en la vivienda
del agresor.
Uno de los reclamos de la organización es que el derecho penal llega tarde, se activa cuando hay mujeres muertas. Por eso, se exigen políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad y la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias.
A lo largo de los nueve años de la creación del Ni Una Menos, distintas fueron las consignas que definieron las marchas. Este año, el lema fue contra la Ley Bases y el DNU que lanzó el presidente Javier Milei, políticas que para el movimiento “solo traen más pobreza”.
Además, se centró en el desmantelamiento de políticas de género que lleva adelante el Gobierno Nacional, a la vez que el colectivo denuncia el retroceso de los últimos meses respecto al auge de los discursos de odio contra las diversidades sexuales.
Desde su creación, el Movimiento se expandió y actualmente abarca distintos puntos como la brecha salarial, el trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado, la desocupación entre mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
