La suerte de $16.500 millones se ha convertido en el gran enigma que la Justicia intenta descifrar en el marco de la investigación a Frigorífico General Pico y su vinculación con la familia Lowenstein. Según la documentación aportada al concurso preventivo, ese monto fue transferido a LDL, una firma especializada en el negocio equino que operaba en paralelo al frigorífico y que era propiedad de quienes entonces ocupaban la cúpula directiva de la compañía. Este cruce de intereses despierta todas las alarmas, ya que el dinero salió de las arcas de una empresa en crisis que necesitaba imperiosamente esos recursos para sostener su operativa diaria.
El expediente judicial revela que, en el período analizado, el frigorífico había acumulado importantes deudas con proveedores de hacienda, entidades bancarias y trabajadores, quienes extendieron plazos de pago y confiaron en la palabra de los directivos. Mientras tanto, los $16.500 millones viajaron hacia LDL sin que se haya podido acreditar hasta el momento un retorno o beneficio tangible para la empresa carnicera. Este comportamiento es precisamente el que motivó la apertura de una causa penal por administración fraudulenta y balance falso, en la que ya declararon varios testigos y se realizaron allanamientos con secuestro de abundante documentación.
La situación actual es de máxima tensión. Por un lado, el juez Carlos María Iglesias debe resolver las cuestiones propias del concurso preventivo y garantizar que los nuevos directivos, elegidos por la asamblea, puedan asumir efectivamente sus funciones. Por el otro, los fiscales penales analizan la documentación incautada para determinar si existió un ilícito y quiénes son los responsables. Los acreedores miran con atención este desenlace, pues saben que la recuperación de esos fondos podría ser la única esperanza para salvar la operación del frigorífico y proteger sus créditos. La palabra final quedará en manos de la Justicia, que deberá decidir si hubo una simple mala gestión o un verdadero vaciamiento fraudulento.